En una entrevista concedida a la emisora local Kan, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, advirtió que el movimiento Hamás se verá obligado a entregar la totalidad de su armamento, amenazando con una ocupación a gran escala de la Franja de Gaza si la organización se niega a cumplir con el proceso de desmilitarización.

«Si no lo cumple, las FDI (fuerzas de ocupación israelíes) tendrán legitimidad internacional y respaldo estadounidense para hacerlo por sí mismas», afirmó el ministro extremista, asegurando que el Ejército ya se encuentra elaborando planes operativos y evaluando «dos o tres alternativas» para ejecutar dicha ofensiva.

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Ante las amenazas de la entidad sionista, el jefe de la oficina de la diáspora de Hamás, Khaled Meshaal, rechazó contundentemente cualquier intento de criminalizar la lucha armada del pueblo palestino.

Meshaal enfatizó que el desarme es «inaceptable» mientras persista la agresión externa. «Mientras haya ocupación, habrá resistencia. Es un derecho de las personas bajo ocupación, algo de lo que las naciones se enorgullecen», sentenció el dirigente.

Las declaraciones de Smotrich ocurren en un contexto de expansión territorial ilegal. Las fuerzas israelíes han ampliado la denominada «línea amarilla» establecida en octubre pasado, confiscando más terreno y desplazando a los palestinos a zonas de confinamiento cada vez más reducidas.

Desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre, destinado a detener el genocidio iniciado en 2023, las autoridades de Gaza han contabilizado cientos de violaciones por parte de Israel. Solo en este periodo de supuesta tregua, los ataques israelíes han dejado 615 palestinos asesinados y 1.651 personas heridas.

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A más de dos años del inicio de la agresión sistemática contra la Franja de Gaza, el Ministerio de Salud palestino ha actualizado las cifras de la tragedia humanitaria. Hasta la fecha, la guerra genocida de Israel ha cobrado la vida de más de 72.073 palestinos y ha dejado un saldo de 171.749 heridos, la mayoría de ellos mujeres y niños.

La comunidad internacional observa con alarma cómo el régimen de Tel Aviv utiliza el discurso del «desarme» para justificar lo que analistas consideran la fase final de la anexión total del enclave costero palestino.

La crisis actual tiene su origen en la Nakba de 1948, cuando la creación del Estado de Israel forzó el desplazamiento de miles de palestinos hacia Gaza. Tras décadas de ocupación militar, en 2007 el régimen israelí impuso un bloqueo total por tierra, mar y aire, convirtiendo al enclave en la «cárcel al aire libre» más grande del mundo, privando a su población de soberanía y recursos básicos.

Desde octubre de 2023, la ofensiva ha escalado hacia lo que organismos internacionales denuncian como un genocidio sistemático. La destrucción deliberada de hospitales, escuelas e infraestructura vital busca hacer de Gaza un territorio inhabitable. Esta estrategia ha forzado a los sobrevivientes a desplazarse hacia zonas de confinamiento cada vez más reducidas, bajo un asedio militar que no da tregua a la población civil.

Las recientes amenazas de desarme forzado revelan una agenda de limpieza étnica y anexión territorial. Al exigir que el pueblo palestino renuncie a su derecho internacional a la resistencia, el ala extremista del régimen de Tel Aviv busca el control definitivo de la Franja. Estas acciones ignoran los acuerdos de alto el fuego y las sentencias internacionales, mientras la cifra de víctimas sigue aumentando tras dos años de asedio ininterrumpido.

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